En el momento de su nacimiento, los médicos le diagnosticaron a Denis el síndrome del maullido del gato, una enfermedad que solo sufre otra persona más en Zaragoza. “Desde el primer instante le dieron una minusvalía del 65% y un grado III de dependencia”, relata su madre, Adelaida. Sin embargo, el año pasado le revisaron ambas situaciones y mientras que la primera subió hasta el 76%, la segunda se vio reducida a nivel II. “Vinieron a ver cómo se encontraba para la dependencia y hasta septiembre de 2014, un año después, no nos ha llegado una carta notificando que ahora tenía un grado II”, detalla Adelaida.
A los quince días de recibir este escrito, llegó otro en el que le informaban del cambio en la prestación -alrededor de 60 euros menos-. “El problema no está en la reducción sino en que con ella nos informaron de que debemos devolver 700 euros, el dinero que hemos recibido de diferencia entre el grado III y II durante el año que han tardado en determinarlo e informarnos”, lamenta. Por ello, ha interpuesto un recurso tanto en el Justicia de Aragón -ya lo ha admitido a trámite- como al Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS-. De hecho, recuerda que cuando fue a poner la reclamación había un señor mayor al que le había ocurrido lo mismo. “A él le pedían más de 1.000 euros por algo que no le habían notificado hasta más de un año después”, ejemplifica.
En la actualidad, su hijo necesita ayuda para comer, para vestirse, asearse, andar… “Es como si en vez de ocho años tuviera cuatro, tiene un crecimiento psicomotriz e intelectual retrasado, de hecho, ahora comienza a construir frases”, explica. Al mismo tiempo recalca que en esta situación ella no puede trabajar puesto que tiene que estar todo el tiempo con su hijo, por lo que su única ayuda son las prestaciones.
Otro ejemplo de los estrictos baremos que hay desde 2012 lo encontramos en el caso de la madre de Nuria, una mujer de 82 años a la que le asignaron el segundo grado de dependencia hace dos años. “Es una vergüenza que en la situación de mi madre, que no puede valerse por sí misma, no le den un grado III”, señala Nuria. Esta mujer, tiene las piernas llenas de úlceras desde hace más de 30 años, está en silla de ruedas y además tiene el brazo roto. “En su día se rompió el brazo y los médicos consideraron que era mejor no operar, por lo que se ha quedado con una movilidad muy reducida que le complica cualquier movimiento”, detalla. Además, tampoco controla los esfínteres y tiene que ir todo el día con pañales que, por supuesto, no se puede poner ni quitar ella misma.
Por su parte, Carlos lleva dos años esperando a que a su hijo de ocho años le den las prestaciones correspondientes por su dependencia. “David tiene diagnosticada una enfermedad en el espectro del autismo, pero ningún médico ha sido capaz de deducir cuál es su tipo, puesto que sus características son muy extrañas”, sostiene. Por ello, en 2012 cuando los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza acudieron a su casa le asignaron un grado III. “No se comunica de ninguna manera, además, tampoco es capaz de saber cuándo tiene que comer o ir al baño, ni siquiera puede encender la luz porque su cerebro no relaciona conceptos”, explica. No obstante, pese a que a los quince días acudieron a elaborar el Programa Individual de Atención (PIA), todavía no ha recibido ninguna prestación.
“De hecho, cuando el año pasado vinieron para hacerle una revisión, los propios técnicos se sorprendieron de que no le hubieran dado ninguna ayuda”, relata. En esos momentos, la valoración que hicieron fue igual que la anterior: grado III. Y así hasta la actualidad. “Hace seis meses presentamos una reclamación al IASS, pero no nos han contestado”, se lamenta. Con este panorama, David tiene muy claro cuáles son sus opciones. “Llegados este momento solo podemos protestar y proceder judicialmente, sin embargo, con el aumento de las tasas se complica mucho la situación”, asevera.
Para él, la prestación económica sería una ayuda “puesto que los medicamentos son muy caros”, pero sin duda, lo más importante es que alguien los ayude en casa con su hijo y saber que en un futuro podrá acudir a un centro en el que lo cuidarán perfectamente. “Tengo 50 años y en 20 años, seré ya una persona mayor que no me podré hacer cargo de un chaval de casi 30 años, que aunque no entienda o no se relacione sí que tiene fuerza y es más complicado manejarlo que en la actualidad”, sostiene. Además, destaca que la situación de su hijo es más cercana a una parálisis cerebral que a un autismo común.
Fuente: Heraldo de Aragón