Raquel Blanca tiene 30 años y a los 19 quedó tetrapléjica tras un accidente de tráfico. Vive en una residencia en Girona. Recibe una pensión de 600 euros por su grado III de dependencia. Hasta el año pasado, pagaba 305 euros como copago por su plaza. Ahora tiene que aportar 1.300. La razón es el nuevo modelo de cálculo de la cuota, que tiene en cuenta el patrimonio. Blanca tendrá que pagar más porque fue indemnizada por el accidente.
Este es uno de los testimonios con los que Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) justificó ayer la necesidad de modificar el decreto que regula el copago de la Ley de Dependencia, una norma que establece un modelo “confiscatorio e injusto”, según Antonio Guillén, presidente de la entidad. Es por eso que Cocarmi apoya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca recoger 50.000 firmas para poder iniciar su trámite en el Congreso de los Diputados.
La ILP, explicó Guillem, pide criterios “claros, justos, y equitativos” en el cálculo. Si bien están de acuerdo con que el patrimonio compute para hacer la norma más solidaria, también busca que el copago no supere el 60% del coste del servicio y garantizar al dependiente que su “dinero de bolsillo” para sus gastos personales no sea inferior al 40% de su capacidad económica. “Si quieres una vida autónoma tienes que tener un cojín. Solo la silla con la que me muevo vale 4.000 euros. Si pago bajo el nuevo modelo tendré que regresar a casa con mis padres”, se queja Blanca.
Fuente: El País