Las personas con discapacidad y movilidad reducida podrán aparcar su vehículo en las plazas reservadas de toda España después de que el Gobierno haya dado validez en todo el territorio a las tarjetas de estacionamiento con el objetivo de promover el derecho a la vida independiente.
El nuevo real decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y su principal novedad es que garantiza la igualdad en todas las comunidades.
Se trata de una demanda histórica del sector -ha recordado Sanidad en un comunicado-, especialmente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya que se habían detectado disfunciones en la utilización de las tarjetas y sus titulares no podían hacer uso de ellas cuando se desplazaban fuera de su ciudad.
Otra novedad de la norma es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, siempre que presten servicios sociales.
Además, se prevé por primera vez un supuesto de concesión excepcional de la tarjeta de estacionamiento durante un año por razones humanitarias.
Se trata de responder a casos que, por la gravedad y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad, no hay tiempo para tramitar la solicitud del reconocimiento de la discapacidad y de la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
En este supuesto, la tarjeta tendrá carácter provisional y se concederá a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada de manera oficial, por causa de una enfermedad de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de su esperanza de vida y no permita tramitar en tiempo la solicitud del documento.
La obtención de la tarjeta provisional requerirá que la patología sea certificada por el personal médico de los servicios públicos de salud.
La norma contempla también que los servicios y establecimientos sanitarios deberán contar con un número suficiente de plazas para su uso por los pacientes con discapacidad titulares de tarjetas y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional que precisen de asistencia con regularidad.
Fuente: El Mundo