02/Noviembre/2015-La Verdad.es
1.305 murcianos que se vieron afectados por los recortes aplicados tras el cambio normativo de 2012 podrán ahora cobrar los atrasos e incorporarse a la nómina de dependientes de la Región
El Pleno de la Asamblea Regional ha cumplido con el trámite de validar el decreto ley de 7 de octubre del Ejecutivo murciano por el que se modifican los exigencias de acceso a la prestación económica de ciudadanos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de Dependencia, pero solicitó también la elaboración de una nueva ley que recoja aportaciones para mejorar la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, expuso en la Cámara que ese decreto ofrece respuesta a 1.305 personas dependientes que se vieron afectadas por los recortes aplicados tras el cambio de la ley en 2012. Ahora podrán cobrar los atrasos e incorporarse a la nómina de dependientes de la Región de Murcia. La Comunidad de la región cree que el restablecimiento de derechos (también reconocidos por tribunales de justicia en decenas de pleitos planteados por afectados) tendrá un coste de 5,8 millones de euros.
Tanto la diputada socialista Consuelo Cano, como la de Podemos María Ángeles García Navarro, han criticado y manifestado la aplicación que se ha realizado en Murcia de la ley de Dependencia, la insuficiencia de los recursos económicos para llevarla a efecto y la instrumentalización que han hecho de esta Ley los gobiernos del Partido Popular. Igualmente, el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, propuso la modificación de artículos del decreto ratificado, como el que establece que se entenderá por denegada una solicitud a los seis meses de ser presentada. Siendo al contrario, según dijeron: el silencio administrativo se entenderá como la aceptación de la propuesta. También proyectan el reconocimiento de la figura del cuidador sin vínculos familiares con el dependiente, entre otras cuestiones.
Tanto la ratificación del decreto como su posterior tramitación como proposición de ley (a propuesta del PSOE y de Ciudadanos) fueron aprobadas por unanimidad.