- Pablo Rodríguez ha perdido las ayudas pese a la falta de autonomía que le provoca la parálisis cerebral
- «Nunca funcionó bien, pero tras los recortes, a mi hijo no solo no le dan nada, sino que tiene que pagar 227 euros al mes», critica Jorge Rodríguez
«La Ley de la Dependencia fue un bluf. Y hablo de ella en pasado, porque no sirve para nada. Valió para que muchos votaran creyendo que, por fin, habría ayudas para las situaciones tan duras que supone la dependencia, pero se ha quedado en nada». Jorge Rodríguez tiene un discurso tan rápido como duro que dulcifica con una eterna sonrisa. «Si no la perdí con el médico aquel, ya no la pierdo con nada».
El ‘médico aquel’ es el ginecólogo que atendió a su mujer, Carmen Arias, hace 34 años. «Era domingo y me dejaron sola», recuerda ella, que comparte el buen humor de su marido. «Pablo nació atrapado por el cordón umbilical. Tenía dos vueltas en el cuello. El médico me dijo que estaba un poco tocado, pero que no pasaba nada. Le tenía que haber denunciado, pero, en aquel momento, quién pensaba en denunciar…».
Porque el ‘un poco tocado’ se tradujo en una parálisis cerebral total. Una dolencia que convierte a Pablo en amo de su cerebro, pero esclavo de su cuerpo. No puede controlar el movimiento ni comunicarse. Solo los avances informáticos han logrado que pueda expresar sus sentimientos a través de la vista, como hace en su ‘cole’ de toda la vida, el que Aspace tiene en Oviedo y donde hoy él acude a su Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
De aquella primera denuncia que no interpuso contra el ginecólogo que dejó sola a Carmen, Jorge Rodríguez se ha resarcido con creces. En los últimos 34 años ha pleiteado para pedir ayudas a la compra de vivienda, exigir la eliminación de barreras y, sobre todo, para que se cumpla la Ley de la Dependencia. «Lamentablemente, solo conseguimos lo de las barreras. Y solo en La Felguera. Vienes a Luanco y no hay por dónde pasar con la silla. Es un dolor».
También logró triunfos en su batalla contra los incumplimientos de la Ley de la Dependencia, pero los sucesivos recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy los ha dejado en papel mojado. «Fuimos los primeros en La Felguera en solicitar la Ley de la Dependencia, en 2007. Y en aquel momento nos dijeron que, pese a la gran dependencia de Pablo, no era compatible que acudiera al CAI y que tuviera asistencia en casa. Pleiteamos y logramos que fuera posible».
«Las asociaciones no valen»
Aún así, aquella ayuda ya era muy cuestionable. «En principio, nos ofrecían 35 horas mensuales de asistencia a domicilio, eso sí, pagando 180 euros al mes. Más los 60 que pagamos para el CAI». Rechazaron esa posibilidad y optaron por que Carmen, que dejó de trabajar tras nacer Pablo, debido a su dependencia, «se convirtiera en cuidadora familiar y tuviera cotización en la Seguridad Social». Una breve alegría de 123 euros al mes que, «con el primer toque de Rajoy, se convirtieron en 105». El segundo y definitivo, el de julio de 2012, supuso «la eliminación de la paga y, lo que es peor, de la cotización en la Seguridad Social».
Para Pablo, la Ley de la Dependencia se resumió «en acudir al CAI al que ha ido toda la vida, y pagar por él 62 euros al mes. Además, aportar 165 euros, porque queremos mantener la cotización de Carmen». Jorge Rodríguez resume: «Nunca funcionó bien, pero tras los recortes, a mi hijo no le dan nada y tiene que pagar 227 euros al mes».
El convencimiento de que «es un bluf de ley» no le impide seguir pleiteando. Ahora está estudiando hacerlo contra el Principado: «Iba a recortarnos el copago y no es así». Porque Jorge Rodríguez no señala únicamente al Gobierno central. Cree que la Administración regional «no ha hecho todo lo que prometió hacer». En su nueva batalla legal, Rodríguez irá solo, convencido de que «las asociaciones no valen. Con todo lo que está pasando, ahí están, calladas. Sin defender a quien, como Pablo, no puede hablar». Ya habla su padre por él. Y su madre.
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